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ARRENDAMIENTOS Y DESAHUCIOS

ESTADO DE ALARMA: SE PROTEGE AL INQUILINO DE VIVIENDA QUE ESTE EN SITUACION DE VULNERABILIDAD ECONOMICA

Mediante el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se adoptan una serie de medidas dirigidas al apoyo al alquiler de viviendas por personas vulnerables.

Dichas medidas son las siguientes:

- Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional (Art. 1).

        Una vez levantada la suspensión de todos los términos y plazos procesales por la finalización del estado de alarma se iniciará una suspensión extraordinaria del acto de lanzamiento en caso de arrendatarios en situación de vulnerabilidad.

        - Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

        Los contratos cuya duración se extinga desde la declaración del estado de alarma y hasta dos meses después de su terminación, se prorrogarán a voluntad del arrendatario vulnerable hasta un máximo de seis meses más.

- Moratoria de la deuda arrendaticia (Artículos 3 al 9) para las personas en situación de vulnerabilidad (del art. 5) por la pandemia y que no tengan alternativa habitacional, mientras dure el estado de alarma o persista la situación de vulnerabilidad, con un máximo de cuatro meses.

- Se suspenden los desahucios durante seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma.

- Se implanta la renovación automática de todos los contratos de alquiler 
que venzan en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta norma, mediante una prórroga de seis meses en las mismas condiciones.

- Para los arrendatarios en situación de vulnerabilidad cuyo arrendador sea un gran tenedor de vivienda (más de diez inmuebles), tanto público como privado, incluido el Fondo Social de Vivienda de las entidades financieras, se aplicará una quita de la mitad de las cuotas no pagadas o se reestructurará la deuda para que pueda ser pagada en un plazo de tres años sin intereses.

- En el caso de los demás arrendadores, el inquilino en situación vulnerable podrá solicitar el aplazamiento y si el arrendador no lo acepta podrá acceder a un programa de ayudas sin coste y con el aval del Estado con el que pagar al propietario hasta seis mensualidades para devolverlo en un plazo de diez años.

En el citado Real Decreto no se hace ninguna mención a los locales de negocio.